Chile ya cruzó un punto de no retorno: los pagos digitales dejaron de ser una alternativa y se convirtieron en parte de la infraestructura crítica del sistema económico.
En ese contexto, la protección de los datos personales y financieros es mucho más que una obligación legal. Es una condición estructural para sostener la confianza.
Los avances son claros. La reciente Ley de Protección de Datos Personales eleva significativamente el estándar regulatorio y acerca al país a marcos internacionales más exigentes.
Al mismo tiempo, el uso de pagos digitales sigue creciendo. Según el Banco Central de Chile, las transacciones digitales por persona se han más que cuadruplicado en la última década.
El dato es contundente: 374 operaciones anuales por persona. Más personas, empresas y comercios dependen hoy de sistemas que procesan información financiera sensible.
El crecimiento, sin embargo, amplía la superficie de riesgo. En un ecosistema de múltiples proveedores, la Seguridad ya no puede ser fragmentada ni reactiva.
La experiencia internacional muestra que los incidentes relevantes no suelen originarse por falta de regulación, sino por fallas de gobernanza, diseño y cultura organizacional.
En los próximos años, el mercado seleccionará a los proveedores tecnológicos que entiendan que la protección de datos es un eje de desarrollo estratégico.
Aquellos que lideran en trazabilidad y uso responsable de la información podrán reducir fricciones y habilitar nuevas capas de Innovación en el sector.
Pero la seguridad no depende solo de la tecnología. Gran parte de los fraudes se explica por campañas de ingeniería social, errores humanos y desinformación.
No existe sistema robusto con usuarios vulnerables. Los actores del mercado debemos colaborar más para educar. La Educación Financiera no es un complemento; es parte del producto.
Chile enfrenta un desafío estratégico. Pagos en tiempo real, Sistema de Finanzas Abiertas, Inteligencia Artificial y automatización aumentarán el valor —y el riesgo— del dato.
La oportunidad es real: convertir la protección de datos en un sello de calidad del ecosistema financiero digital a través de una regulación sólida y coherente.
Lograrlo exige coordinación y un solo lineamiento de los reguladores y actores clave, incluyendo la industria, el liderazgo empresarial y usuarios informados.
En la Economía Digital, la confianza no se promete: se diseña y se demuestra todos los días.
