Un seminario internacional organizado por el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral debatió el rol estratégico de la adhesión de Argentina al PCT.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y permite proteger innovaciones en 150 países.
En este marco, el académico Lucas Lehtinen presentó una investigación que demuestra la desventaja estructural que enfrenta el país en la economía del conocimiento.
El trabajo, que incluyó a más de 350 actores entre pymes, startups y universidades, revela que el 43% de las empresas abandonó proyectos de protección internacional.
Uno de los datos más contundentes es el consenso absoluto: el 100% de los relevados se manifestó a favor de la adhesión al sistema internacional.
Además, el 91% de los consultados afirmó que aumentaría su actividad de patentamiento si la herramienta estuviera disponible en el territorio nacional.
El informe identifica que el costo es la principal barrera para el 79% de los actores, seguido por la falta de información y la desconfianza en la efectividad local.
“La no adhesión al PCT no es neutral: genera una desigualdad estructural que perjudica a los actores locales que compiten en condiciones inferiores”, señala Lucas Lehtinen.
El autor explica que los innovadores argentinos hoy enfrentan un contexto mundial donde sus pares extranjeros cuentan con ventajas de infraestructura legal que ellos no tienen.
El libro plantea que la incorporación al tratado permitiría presentar una única solicitud internacional y extender los plazos de decisión para cada mercado.
“El PCT no es un trámite técnico: es infraestructura productiva para la economía del conocimiento”, concluye Lehtinen en su presentación.
La adopción de este marco reduciría significativamente los costos iniciales de internacionalización y permitiría acceder a evaluaciones técnicas de nivel global.
Para el ecosistema emprendedor argentino, la herramienta es vital para competir en igualdad de condiciones y proteger la propiedad intelectual generada en el país.
