La reciente actualización del marco normativo del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) marca un cambio definitivo de fase para el ecosistema financiero chileno. En los últimos años, el mercado acompañó la construcción de la Ley Fintech y la definición de sus reglas de implementación.
Ahora, la discusión deja de ser conceptual y pasa a una pregunta mucho más concreta: cómo se van a preparar las instituciones para cumplir con plazos regulatorios desafiantes y, al mismo tiempo, transformar esta obligación en una estrategia real de negocios.
La experiencia de mercados más maduros, como el Reino Unido y Brasil, demuestra que el éxito del Open Finance no depende únicamente de la tecnología ni del cumplimiento regulatorio. Los mayores resultados aparecen cuando las organizaciones utilizan la nueva infraestructura para desarrollar productos más personalizados, mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos y abrir nuevas fuentes de ingresos.
En Chile, esa oportunidad comienza justamente en la etapa de preparación: las decisiones que se tomen hoy definirán qué instituciones llegarán al nuevo escenario solo cumpliendo y cuáles llegarán preparadas para competir.
A diferencia de otros mercados de la región, Chile inicia esta etapa desde una posición particularmente sólida: cuenta con un ecosistema financiero robusto, altos niveles de bancarización y una población habituada al uso de canales digitales. Esto cambia la naturaleza de la oportunidad.
En mercados donde la inclusión financiera sigue siendo el principal desafío, el Open Finance suele presentarse como una herramienta para ampliar el acceso. En Chile, en cambio, su mayor potencial estará en elevar la calidad de las experiencias financieras, mejorar la eficiencia operativa, facilitar la interoperabilidad entre actores y habilitar servicios más sofisticados para personas y empresas.
La vara regulatoria de la CMF es alta y el reloj ya corre para la preparación de bancos, adquirentes, emisores de tarjetas y demás participantes del sistema. Una vez entre plenamente en vigor la normativa, los primeros hitos serán exigentes: 5 meses para poner a disposición las APIs de términos, condiciones y canales de atención; 9 meses para datos de personas naturales; y 12 meses para datos de personas jurídicas.
El ecosistema completo avanzará de forma gradual, incluyendo a aseguradoras y otras instituciones, con plazos diferenciados que pueden extenderse hasta 30 meses según el tipo de entidad y la información involucrada.
Además, antes del despliegue en producción, las instituciones deberán pasar por el ambiente de Sandbox y Directorio del órgano regulador para pruebas funcionales, pruebas de integración y validaciones de interoperabilidad.
A esto se suman exigencias técnicas y de seguridad robustas, incluyendo estándares como FAPI 2.0, OAuth 2.0, mTLS, TLS 1.3, registro dinámico de clientes y mecanismos avanzados de gestión del consentimiento.
Otro factor crucial para el ritmo de la innovación serán los límites operativos de gratuidad —umbrales— establecidos para el intercambio de información, dado que el modelo chileno prevé mecanismos de resarcimiento de costos entre instituciones participantes.
La gran apuesta de adopción en el mercado chileno está en la iniciación de pagos. Aunque el país cuenta con un sistema de transferencias electrónicas consolidado, la jornada actual todavía mantiene fricciones propias de los modelos tradicionales, que exigen la inserción manual de múltiples datos bancarios y pasos adicionales para completar una transacción.
La posibilidad de iniciar pagos directamente en aplicaciones de terceros, e-commerces y marketplaces promete eliminar fricciones relevantes.
Más que eso, la evolución regulatoria diseñada por la CMF para pagos únicos, pagos programados, pagos recurrentes de monto fijo y pagos recurrentes de monto variable abrirá caminos para soluciones de finanzas personales, gestión de flujo de caja corporativo, conciliación automatizada y experiencias de pago embebidas de alta precisión.
Este nuevo contexto exige que las instituciones combinen visión estratégica con una ejecución tecnológica rigurosa. Implementar Open Finance no consiste únicamente en publicar APIs: implica articular arquitectura digital, ciberseguridad, gestión de identidad, consentimiento, interoperabilidad, experiencia de usuario, monitoreo operacional y gobierno de datos.
Por eso, una de las decisiones más relevantes para las entidades será definir qué capacidades deben desarrollar internamente y cuáles pueden acelerar mediante infraestructura especializada, probada y alineada con estándares internacionales.
En esa ecuación, los socios tecnológicos cumplen un papel clave. No se trata de reemplazar la estrategia de las instituciones, sino de permitirles avanzar con mayor velocidad, reducir riesgos de implementación y concentrar sus equipos en aquello que realmente genera diferenciación para el negocio.
En un proceso regulatorio con múltiples frentes técnicos y operativos, apoyarse en soluciones SaaS maduras y experiencia internacional puede marcar la diferencia entre llegar tarde al cumplimiento o llegar preparado para capturar valor.
El verdadero desafío para Chile no será únicamente habilitar el Sistema de Finanzas Abiertas, sino convertirlo en una plataforma de innovación financiera. Las instituciones que empiecen antes, prueben antes y diseñen sus casos de uso más allá del mínimo regulatorio estarán mejor posicionadas para liderar esta nueva etapa.
La Ley Fintech opens la puerta; la ventaja competitiva dependerá de la capacidad de cada organización para cruzarla con agilidad, estrategia y foco en el cliente.
