En pleno siglo XXI, la tecnología se establece como un derecho esencial para ejercer la ciudadanía y acceder a servicios críticos como salud y empleo.
Sin embargo, la existencia de brechas digitales estructurales en Chile amenaza la cohesión social y la igualdad de oportunidades para la población.
A fines de 2025, el país registró una penetración de internet del 94,5 %, pero todavía más de 1,10 millones de personas permanecen en situación offline.
Este dato revela que la conectividad no es universal, reflejando desigualdades geográficas y socioeconómicas que requieren atención de las políticas públicas.
La brecha no solo se mide por el acceso físico, sino por el uso significativo y las competencias para participar en la economía moderna.
Actualmente, la infraestructura de internet fijo cubre poco más del 68 % de los hogares, dejando atrás a las comunidades rurales.
Avanzar hacia la equidad digital es una tarea ineludible si Chile aspira a un desarrollo inclusivo y sostenible en el largo plazo.
La ACTI enfatiza que la falta de habilidades tecnológicas limita el acceso a procesos laborales de mayor valor agregado para los ciudadanos.
Para revertir este escenario, se propone fortalecer los programas de alfabetización digital independientemente de la condición socioeconómica.
Incorporar la conectividad como un derecho fundamental permitiría que los servicios básicos no queden sujetos exclusivamente al arbitrio del mercado.
La provisión de habilidades asociadas debe ser parte del diseño de una estrategia digital que contemple alianzas público-privadas territoriales.
Chile enfrenta un desafío técnico, social y ético para evitar que la tecnología sea un privilegio de pocos.
Solo con voluntad política se podrá garantizar que la innovación sea una herramienta de justicia social para todos los habitantes.
Finalmente, la integración de redes móviles y fijas con calidad garantizada es la base para asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos.
