El 1º de junio se vence el plazo de la nueva normativa emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que exige a las empresas actualizar e implementar sistemas de compliance robustos y efectivos.
No se trata solo de un cambio técnico o de una modificación administrativa: estamos ante un giro estratégico que redefine cómo las organizaciones deben gestionar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos económicos.
Esta nueva regulación obliga a empresas de sectores como inmobiliarias, automotoras, casas de cambio, entre muchas otras, a contar con modelos de prevención del delito formalizados, respaldados por políticas, procedimientos y matrices de riesgo actualizadas.
Ya no basta con tener un manual en el escritorio. Hoy, la exigencia apunta a la operatividad real del sistema: se debe demostrar que existe un compromiso efectivo con la prevención y que los mecanismos están activos, auditables y alineados con los nuevos estándares.
Diagnóstico propio, no recetas genéricas
Una de las principales novedades es el refuerzo del enfoque basado en riesgo. Las empresas debían identificar y evaluar sus riesgos específicos —por tipo de cliente, productos, servicios y canales de distribución— para luego establecer medidas proporcionales de mitigación.
Esta lógica implica dejar atrás modelos genéricos o copiados de internet: ahora cada organización deberá hacer su propia radiografía.
El rol clave del oficial de cumplimiento
Un aspecto crítico es la designación de un oficial de cumplimiento con atribuciones reales, que reporte directamente a la alta administración.
Este rol ya no puede ser meramente decorativo o delegado a terceros sin conocimiento del negocio.
La persona a cargo debe ser capaz de interactuar con las autoridades, liderar capacitaciones internas, coordinar auditorías y responder ante eventuales incumplimientos.
Canales de denuncia y consecuencias del incumplimiento
Además, la normativa refuerza la necesidad de tener canales de denuncia confidenciales, monitoreo periódico y reportes oportunos a la UAF.
No cumplir con estos elementos puede acarrear consecuencias como multas millonarias o el cierre de operaciones, además de la exposición reputacional en medios y plataformas regulatorias.
Más que cumplir: una oportunidad de mejora cultural
Pero no todo es amenaza. Esta nueva exigencia puede y debe verse como una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional y mejorar la competitividad.
Contar con un sistema de compliance sólido genera confianza en clientes, inversionistas y aliados estratégicos.
En un mundo donde la debida diligencia es cada vez más relevante, estar al día con las obligaciones normativas deja de ser un extra y pasa a ser una condición para crecer y sostener el negocio en el tiempo.
En definitiva, el llamado es claro: las empresas deben actuar ahora, sin postergar ni minimizar su impacto.
Afortunadamente, aún hay tiempo para implementar mejoras sustantivas, pero el plazo se agota pronto. El compliance dejó de ser una opción y se volvió una necesidad estratégica, transversal y —por estos días— urgente.
