El 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales, adquiere un matiz relevante este año en Chile, país que se encuentra ad portas de la entrada en vigencia de su nueva Ley de Protección de Datos el próximo 1° de diciembre.
La responsabilidad corporativa constituye el cimiento de nuestra operación en todo el mundo, donde la privacidad no se limita a la mera observancia normativa, sino que representa un principio rector que debe permear la conducta y la toma de decisiones de todos los colaboradores.
La reciente promulgación de la Ley 21.719 actualiza el marco legal vigente desde 1999, alineando la normativa nacional con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
Esta reforma introduce una nueva institucionalidad a través de la Agencia de Protección de Datos Personales, configurando un escenario técnico que exige una revisión profunda de los sistemas actualmente vigentes.
Una implementación efectiva requiere articular tres dimensiones estratégicas: prevención, detección y respuesta.
Entender la privacidad como un compromiso ético innegociable permite que las empresas operen con integridad, independientemente del sector o la región en que se desempeñen.
Actuar bajo este marco no solo garantiza coherencia con los valores corporativos, sino que fortalece la confianza de usuarios y grupos de interés respecto del tratamiento de su información sensible.
El desafío técnico, sin embargo, es solo una parte de la ecuación.
La verdadera transformación es cultural, proactiva y pedagógica. La gestión de datos no debe quedar aislada en departamentos especializados, sino integrarse plenamente en el ADN de cada organización, trascendiendo la obligación legal.
Mediante formación permanente y espacios de diálogo sobre ética, es posible fomentar la reflexión necesaria para resolver dilemas en tiempo real y fortalecer la reputación institucional.
En un entorno donde la autorregulación es un principio fundamental, el objetivo es anticiparse a la normativa mediante parámetros internos que garanticen transparencia de manera proactiva.
Hacer lo correcto por convicción, y no por mera obligación legal, permitirá a las empresas chilenas proyectar una cultura de integridad sólida, resiliente y preparada para los desafíos del ecosistema global.
