Esta semana el país celebró la Semana de las Mipymes y Cooperativas, una instancia necesaria para reconocer el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas en la economía chilena, las cuales representaban el 98,3% del total de compañías y generaban el 62% del empleo privado, pero seguían enfrentando barreras que frenaban su crecimiento.
Tras la pandemia, aún faltaban 292 mil puestos de trabajo para alcanzar los niveles previos a 2020. ¿Cómo asegurar que pudieran competir en un entorno donde la productividad dependía, cada vez más, de la adopción tecnológica?
El principal obstáculo era que muchas empresas de menor tamaño aún operaban con herramientas analógicas, con poca conectividad y escaso acceso a capacitación digital.
Ese rezago tenía un costo visible: la brecha entre quienes incorporaban tecnología y quienes no lo hacían se traducía directamente en menores ventas, productividad y acceso a nuevos mercados.
Según la encuesta Adopción Digital Pymes Chile 2023, el 90% de las pymes reconocía que la digitalización era relevante para su negocio, pero solo una de cada cuatro había logrado implementar una estrategia concreta.
En otras palabras, existía conciencia, pero faltaba acompañamiento.
El desafío no era menor. La mitad de las pymes chilenas aún estaba “explorando” iniciativas digitales, muchas veces limitadas a redes sociales o canales básicos de venta en línea.
Sin embargo, la digitalización iba mucho más allá de eso: implicaba incorporar gestión de datos, automatización, ciberseguridad y cultura digital al interior de las organizaciones.
Y ahí es donde Chile todavía tenía tareas pendientes. La adopción tecnológica seguía concentrada en empresas medianas y urbanas, mientras miles de micro y pequeñas firmas en regiones continuaban sin conectividad estable o acceso a soluciones asequibles.
Desde ACTI, veían en este escenario una oportunidad concreta.
Las pymes podían avanzar mucho más rápido si se integraban a la Economía Digital, con incentivos claros para invertir en infraestructura, automatización y seguridad.
La nueva Ley de Permisos Sectoriales abría la posibilidad de acortar los plazos para desplegar fibra óptica, data centers o infraestructura tecnológica regional, lo que permitiría acercar las herramientas digitales a miles de emprendimientos locales.
Otro punto clave era el capital humano. Por eso se habían acercado a los comandos de los candidatos presidenciales para proponer fortalecer los programas de reconversión laboral y certificación de competencias digitales, especialmente en regiones.
La adopción tecnológica no ocurría por decreto: requería acompañamiento, formación y alianzas entre Estado, industria y academia.
También era fundamental avanzar hacia una regulación pro-innovación. Chile necesitaba leyes de Datos Personales, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial que protegieran a las personas, pero que al mismo tiempo habilitaran a las empresas a innovar.
La sobreregulación no podía transformarse en una nueva barrera de entrada para quienes recién estaban dando el salto digital.
La Semana de la Pyme debía servir para pasar del reconocimiento a la acción.
Si se quería un desarrollo más equitativo, era necesario asegurar que cada empresa —sin importar su tamaño o ubicación— tuviera las condiciones para digitalizarse, crecer y competir. En eso, el país tenía una tarea pendiente.
