El juicio actual enfrenta a Meta —propietaria de Instagram— y a YouTube ante un jurado que deberá decidir si estas plataformas resultan adictivas y dañinas para niños y adolescentes.
El caso no solo involucra a gigantes tecnológicos, sino que pone en discusión el núcleo del modelo de negocio digital.
La demanda sostiene que el diseño de las redes sociales no es accidental. Elementos como algoritmos de recomendación, scroll infinito y notificaciones constantes responderían a decisiones orientadas a maximizar el tiempo de permanencia.
El problema surge cuando ese uso intensivo, especialmente en edades tempranas, comienza a tener efectos en la salud mental, afectando la autoestima o generando ansiedad.
Desde esta perspectiva, se acusa a las compañías de priorizar beneficios financieros por encima del bienestar de los usuarios.
Este proceso podría sentar precedentes legales relevantes y alterar el equilibrio entre diseño de producto, negocio digital y responsabilidad social.
A medida que las plataformas aumentan su atractivo, también crece la probabilidad de establecer límites de acceso, restricciones etarias o mayores controles sobre el contenido distribuido.
Desde el marketing digital, el impacto potencial es significativo. Podrían implementarse nuevas regulaciones sobre almacenamiento de datos, segmentación de campañas, métricas algorítmicas y comunicación con audiencias jóvenes.
Incluso podrían aparecer advertencias similares a las del tabaco dentro de las propias plataformas, aunque su efectividad dependerá de cambios estructurales reales.
Sin embargo, no toda la carga puede recaer en las empresas tecnológicas.
Delegar completamente la educación digital a estas compañías resulta una solución cómoda, pero insuficiente.
Lo responsable es que padres, apoderados, tutores y colegios establezcan normas claras y coordinadas. Sin acuerdos colectivos, cualquier esfuerzo individual pierde fuerza.
En Australia ya se impulsan medidas para restringir el uso de redes sociales en menores. En Chile, algunos colegios avanzan en la construcción de normas de convivencia digital, promovidas por las propias comunidades educativas.
Más allá del resultado judicial, la responsabilidad permanece en el entorno familiar y social. Acompañar, establecer límites y fomentar un uso saludable de la tecnología forma parte esencial del desafío educativo en la era digital.
