Una healthtech chilena vio cómo un competidor compraba palabras clave con su marca en Google Ads para desviar tráfico hacia su propia oferta.
En la minería, un proveedor descubrió que, tras una demo comercial, parte de su código había sido replicado sin autorización.
Ambos episodios llegaron a tribunales y revelan un problema creciente: mientras la industria del software crece en ventas y proyección, su protección legal sigue siendo una deuda pendiente.
El mercado chileno de Software como Servicio (SaaS) fue valorado en u$s 608.000.000 en 2023 y se proyecta que alcanzará los u$s 1.573.000.000 para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 12,86% entre 2024 y 2030, según Verified Market Research.
Sin embargo, el boom tecnológico convive con vacíos contractuales y marcos jurídicos obsoletos que afectan a startups y empresas en plena expansión.
En este escenario surge el estudio boutique von Marttens, fundado por el abogado Hans von Marttens y la procuradora Daniela Torres, con el propósito de blindar legalmente el software, las marcas y las licencias en Chile y Latinoamérica. Su foco: transformar lo intangible en un activo seguro.
“El mayor riesgo para un software no es el hacker, es el mal contrato”, advirte Hans, con más de una década de experiencia en propiedad intelectual y participación en casos emblemáticos como SuperPan o Tiro de Gracia.
Contratos que valen más que el código
La protección legal del software en Chile se encuentra bajo la Ley 17.336, que lo reconoce como “programa computacional”.
Si bien la protección nace con la creación del código, en la práctica los tribunales y organismos públicos suelen exigir registros formales en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) para acreditar la titularidad.
Ese paso, sumado a contratos y licencias bien diseñados, puede marcar la diferencia entre monetizar una innovación o perderla en un litigio.
“Vemos equipos que entregan productos sin definir la titularidad del código, sin cesiones claras ni compliance de open source. Ese desorden se convierte después en conflictos de propiedad, bloqueos comerciales y alertas en auditorías de inversión”, explicó el abogado.
El estudio trabaja en prevención, saneamiento jurídico y litigación estratégica, lo que en la práctica significa diseñar licencias, acuerdos de confidencialidad y acompañar expansiones internacionales bajo sistemas como Madrid (para marcas) o PCT (para patentes).
Educación para evitar juicios
Más allá de los tribunales, el equipo busca educar al ecosistema tecnológico con guías de buenas prácticas legales para desarrolladores, CTOs y fundadores.
“Cada línea de código debe tener un dueño claro y trazabilidad contractual. Cuando eso está resuelto, se abren puertas: cierran ventas B2B, avanzan integraciones y se alivianan las auditorías en procesos de inversión o compra”, resumió von Marttens.
El desafío, en definitiva, es que las startups y empresas tecnológicas de Chile y la región puedan crecer, exportar y atraer capital sin que los vacíos legales se conviertan en freno.
