América Latina procesó USD 324.000 millones en transacciones con monedas estables durante 2025, lo que supone un aumento interanual del 89% impulsado principalmente por las remesas y los pagos internacionales.
Brasil y Argentina lideran esa expansión: más del 90% de los flujos de criptomonedas brasileños ya están vinculados a monedas estables, mientras que en Argentina la cifra supera el 60%.
En ese contexto, la aprobación concedida por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) a BitGo marca el rumbo que está tomando el sector: mayor regulación, estándares institucionales y convergencia con el sistema financiero tradicional.
La aprobación de la OCC —emitida por el regulador bancario federal de EE.UU.— permite a BitGo Bank & Trust, National Association avanzar como una entidad fiduciaria nacional autorizada a nivel federal, uno de los marcos de supervisión más importantes dentro del ecosistema de activos digitales.
Además, en mayo el Comité Bancario del Senado impulsó la Ley Clarity del Mercado de Activos Digitales, un proyecto de ley diseñado para aclarar cómo se regulan los activos digitales, las plataformas de negociación y los intermediarios en EE.UU.
Si bien la legislación aún no es ley, su avance refuerza un cambio más amplio: los activos digitales se tratan cada vez más no como un sistema financiero paralelo, sino como parte de la arquitectura financiera regulada.
Luis Ayala, director general para América Latina de BitGo, señala que “las empresas latinoamericanas ya no están debatiendo si involucrarse con los activos digitales, sino que están decidiendo qué tipo de infraestructura utilizar.
La conversación actual se centra en el cumplimiento normativo, la custodia, los seguros y la capacidad de operar bajo estándares regulatorios internacionales”.
El avance regulatorio en Argentina, Brasil y Bolivia
En Argentina, el debate regulatorio cobró impulso tras la implementación del registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que incluye requisitos relacionados con la ciberseguridad, la custodia y la lucha contra el lavado de dinero.
Brasil avanza hacia un marco más sólido para las monedas estables y los proveedores de servicios de criptomonedas, a medida que el Banco Central intensifica el control sobre las transacciones internacionales y los pagos digitales.
Bolivia también se está perfilando como un actor relevante en este debate regional. Tras levantar las restricciones que pesaban desde hacía tiempo sobre los activos virtuales, el país comenzó a desarrollar un marco regulatorio para las fintech y los proveedores de servicios de activos digitales.
Según datos del Banco Central de Bolivia, las transacciones con activos virtuales crecieron más del 530% interanual en 2025, impulsadas por los pagos, las remesas y las transacciones comerciales.
Crypto-as-a-Service y la infraestructura institucional
En este contexto, los bancos, las fintech y las empresas regionales muestran un interés creciente en las soluciones de Crypto-as-a-Service, que permiten la integración de la gestión de tesorería y los servicios relacionados con Bitcoin o las monedas estables sin tener que construir desde cero toda la infraestructura operativa y, en algunos casos, incluso la regulatoria.
El objetivo es acercar los activos digitales al “cripto cotidiano”: casos de uso en el mundo real en los que las empresas pueden mover dinero, pagar a proveedores, realizar transferencias transfronterizas o gestionar tesorerías digitales de manera más eficiente y en línea con los estándares institucionales.
Ayala agrega que “en mercados como el de América Latina, donde las empresas necesitan reducir los costos de los pagos transfronterizos y operar en tiempo real, la infraestructura institucional será un factor diferenciador clave.
La adopción masiva dependerá cada vez más de la fiabilidad y la buena regulación del ecosistema que sustenta estos servicios”.
Este cambio refleja una transformación más profunda: la industria regional de las criptomonedas está dejando atrás la etapa experimental y entrando en una fase en la que la regulación, la transparencia y la infraestructura institucional están cobrando protagonismo.
