La ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en una prioridad estratégica en Chile. Con la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), las organizaciones enfrentan un nuevo escenario regulatorio que exige transformaciones profundas en todos los niveles.
Las compañías, especialmente aquellas catalogadas como Operadores de Importancia Vital, deben adecuarse a estándares más rigurosos en materia de prevención, detección y respuesta ante incidentes.
“La ANCI ya nos declaró como un Operador de Importancia Vital, por lo que estamos adoptando los desafíos que exige la ley. Los tiempos de cumplimiento y las multas son agresivas, pero las empresas chilenas están ocupándose y avanzando”, explicó Jorge Yaqui, vicepresidente ejecutivo para la Región Andina de Logicalis.
El avance hacia el cumplimiento normativo implica inversiones intensivas tanto en talento especializado como en tecnología.
Muchas organizaciones reconocen que no estaban completamente preparadas para responder a las exigencias regulatorias, lo que aceleró procesos de modernización interna y fortalecimiento de capacidades operativas.
Yaqui advirtió que las empresas que sostienen servicios digitales críticos también asumirán mayores responsabilidades en la gestión de incidentes.
“Seremos responsables en muchas ocasiones de informar los incidentes, ya que nos encargamos de monitorear e integrar sistemas. Por eso estamos siendo rigurosos, fortaleciendo nuestros estándares y orientando a las compañías para que sean resilientes cuando ocurra”, señaló.
En este contexto, la vigilancia continua de infraestructuras digitales se vuelve esencial. La creciente sofisticación de amenazas impulsadas por inteligencia artificial, como el phishing hiperpersonalizado o los deepfakes, obliga a adoptar esquemas de monitoreo permanente y estrategias integradas de seguridad.
“El impacto de un ciberataque no solo puede paralizar sistemas, sino también interrumpir servicios esenciales y exponer datos sensibles. Incluso con el aumento de inversiones en tecnología, no existen garantías de inmunidad frente a ataques cada vez más sofisticados”, afirmó Yaqui, quien subrayó además la necesidad de ampliar la disponibilidad de Centros de Operaciones de Seguridad y directores de seguridad de la información.
La ANCI exige que las organizaciones cuenten con estructuras de gobernanza capaces de responder en tiempo y forma ante incidentes, en cualquier momento.
Este modelo implica no solo capacidades tecnológicas, sino también liderazgo, toma de decisiones y protocolos claramente definidos.
El incumplimiento de obligaciones legales puede derivar en sanciones económicas severas.
Las multas previstas por la normativa pueden alcanzar cifras cercanas al medio millón de dólares, un riesgo que, según especialistas, podría comprometer la sostenibilidad financiera de algunas compañías.
Frente a este panorama, muchas organizaciones optaron por tercerizar servicios de ciberseguridad.
“Debido a la urgencia de cumplimiento y la escasez de profesionales, numerosas compañías están confiando sus infraestructuras digitales a proveedores externos, sin dejar de lado una fuerte inversión en cultura digital”, indicó Yaqui.
La implementación de la Ley Marco también es vista como una señal positiva a nivel internacional. Refuerza la imagen de Chile como un país comprometido con la protección digital y la estandarización en ciberseguridad.
Diversos estudios regionales posicionaron al país como uno de los más avanzados en madurez normativa y capacidades institucionales.
De acuerdo con el Informe de Ciberseguridad 2025 sobre desafíos de vulnerabilidad y madurez en América Latina y el Caribe, Chile lideró el ranking regional, destacándose en dimensiones como marcos regulatorios, estrategias nacionales, educación y estándares tecnológicos.
“La experiencia acumulada en sectores como el financiero demuestra que Chile cuenta con bases sólidas para avanzar en la aplicación de la ley. El desafío ahora es extender ese nivel de madurez al conjunto de infraestructuras críticas del país”, concluyó Yaqui.
