Las plataformas tecnológicas de comunicación y redes sociales se han convertido, por su monopolio y su sistema encriptado de mensajes, en un problema para controlar el flujo informativo dentro de los países.
Esto molesta los intereses que detentan el Poder por dos motivos: por un lado, no tienen forma de controlar los discursos contrarios a sus intereses; y por otro, la justicia no puede probar las comunicaciones de las organizaciones criminales de delitos muy graves (como golpes de Estado, narcotráfico, terrorismo, pedofilia, tráfico de órganos y de armas) sin la entrega del código de encriptación con la que deberían colaborar las plataformas.
Veamos casos de actualidad: Tik Tok en EE.UU. no censuró el discurso y las imágenes en contra del genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, con lo que inclinó la opinión pública estadounidense a favor de Palestina, demostrando una mayor inserción y predicamento en la ciudadanía que sus rivales locales Facebook, Instagram y WhatsApp.
Esto enojó tanto a demócratas como republicanos que, en tiempo record, dictaron una ley que obliga a Tik Tok a vender a capitales estadounidenses.
Brasil sufrió un intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023 cuando asumió su tercer mandato el presidente electo, Ignacio Lula Da Silva, que destruyó edificios institucionales y sumió a ciudades enteras en el caos.
Esta maniobra fue organizada aparentemente por el ex Presidente Jair Bolsonaro, sus partidarios y algunas cuentas argentinas, vía la red X, mediante unas 6.000 cuentas verdaderas y falsas.
La Corte Suprema de Brasil inició una investigación a cargo del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, pidiendo a X la entrega de la información de titularidad y las comunicaciones de todas esas cuentas para peritar y poder determinar la responsabilidad sobre el delito cometido contra el orden constitucional.
La empresa X se negó a entregar la información y retiró su servicio del país en un desacato evidente al mayor estamento del poder judicial de Brasil.
El día 25 de agosto, fue arrestado por los servicios de inteligencia franceses, en un aeropuerto privado de Francia, el propietario de la red Telegram, ciudadano emiratí y francés Pavel Durov, con los cargos de complicidad en el funcionamiento de una plataforma que permite los delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas y nueve delitos más, que podrían acarrearle 20 años de prisión.
Hoy en día se encuentra en libertad bajo fianza sin poder abandonar el territorio francés. Esta detención es sospechosa porque Telegram fue el medio de comunicación que usaron las ex colonias Francesas en África para sus recientes revoluciones, lo que provocó que Francia pierda todos sus colonias imperantes.
Además, el ejército ruso en la guerra de Ucrania también usa esta red para su comunicación. Hay opiniones muy prestigiosas que sostienen que esta detención es una maniobra de los servicios de inteligencia franceses y estadounidenses para logar el código de Telegram y poder interceptar sus comunicaciones.
Expuestos sintéticamente los casos, vamos al nudo de los problemas que generan las redes monopólicas. Primero, ¿tienen los Estados derecho a controlar el flujo informativo y comunicacional que se genera en dichas redes?
Los Estados pueden y deben controlar la corriente informativa, pero evitando caer en la censura de discursos políticos que sean contrarios a sus intereses. Los Estados deben controlar que no circule información falsa o errónea, discursos de odio, que realicen apología de delitos o violencia de cualquier tipo.
El problema radica, muchas veces, en que la línea conceptual para determinar si una información califica o no en algunos de los ítems prohibidos, es una cuestión de los valores que detente quien haga la calificación y que, en ocasiones, pueden ser minoritarios respecto de los que tiene la ciudadanía en general.
Para evitar esta problemática, hay que desarrollar una regulación internacional consensuada entre la mayor cantidad de países factibles para definir los contenidos prohibidos con la mayor exactitud posible.
Agregaría que se debe prohibir toda información circulante que emane de una cuenta no verificada, sin identidad conocida o que no cuente con un sistema de cuentas verificadas, y que la avale un ser humano existente y responsable.
Esto es un gran problema porque las revoluciones surgen de una pequeña oleada informativa marginal que se expande porque la ciudadanía en general la adopta y se convierte en mayoría; toma el poder, si no logra ser mayoritario es reprimido y vuelve a ser minoría o desaparece.
Tiene que haber puntos tecnológicos que permitan la transgresión informativa política, pero que no sean foco de transmisión y fomento de delitos comunes. Los hackers van a jugar un papel crucial en las revoluciones abriendo las puertas a la información.
En segundo lugar, las comunicaciones encriptadas, en caso de delitos, deben ser entregadas por las plataformas al Poder Judicial del país que lo requiera, siempre y cuando haya pruebas recolectadas por otros medios que evidencien indicios suficientes para imputar la participación en un hecho delictivo de la cuenta que se quiere desencriptar, que haga caer el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Desde mi punto de vista, no es necesario que sean delitos graves, sino que haya indicios suficientes acreditados por pruebas tradicionales, como testimoniales, periciales y también digitales, como videos, geolocalizaciones, transacciones financieras, biométricas, textos o posteos en redes sociales.
Las plataformas se están convirtiendo en una fuente de impunidad porque no colaboran enviando los datos a la justicia: no entregan el código de cifrado para hacer las pericias bajo la excusa del derecho de la propiedad intelectual que invocan como respaldo.
Los Estados deben dictar legislación que obligue a todas las plataformas que realicen actividad en su territorio a:
- Tener representante legal acreditado con facultades suficientes para todo tipo de decisiones
- Tener bienes, patrimonio o avales suficientes para afrontar sanciones regulatorias dispuestas por su violación a la normativa local, que sean fácilmente ubicable y ejecutable
- Firmar un compromiso estricto de colaboración irrestricta con el Estado, obligándose a brindar, al primer requerimiento, toda información que sea requerida por la justicia, aportando titularidades de cuentas y contenidos si fueran exigidos, inclusive sus códigos o sistemas de cifrados, en caso de ser necesario, para llegar a la verdad
- Además, deberían obligarse a indicar en forma pública dónde están guardados los datos y aceptar, ante la primera requisitoria, cualquier borrado, modificación o rectificación pedido por los usuarios o de la justicia.
Si no se regula de esta forma, las plataformas se convertirán en una fuente de impunidad permanente de delitos gravísimos en nombre de la propiedad intelectual de sus códigos, lo que no sólo no es legal, sino que no es lógico ni razonable.
Hay otras formas de proteger este derecho que no lo convierten en un escudo de inmunidad e impunidad.
Desde mi punto de vista, todos estos conflictos de Estados vs. Plataformas se van a agravar en los próximos meses y años, porque la conflictividad social que surge de la crisis económica, ética y moral en la que estamos inmersos, va a generar nuevos enfrentamientos donde los Estados querrán controlar el flujo discursivo-comunicacional para censurar o criminalizar, y las plataformas deberán realizar un fino equilibrio para colaborar cuando las condiciones legales estén dadas.
A mi modo de ver, en un tiempo no muy lejano estos problemas desaparecerán porque las plataformas serán servicios públicos gratuitos o subvencionados, de código abierto para que se puedan peritar sus contenidos, de alcance territorial en los Estados, con sometimiento expreso a la justicia, para colaborar en caso de requerimiento de información para combatir delitos.
Mientras estos tiempos llegan, el conflicto crecerá, veremos enormes disputas y tal vez se cometan grandes injusticias.
