Con la constante evolución de las amenazas cibernéticas, el uso de nubes públicas, a pesar de su popularidad, no siempre garantizan la protección adecuada para empresas que gestionan información crítica.
Según un estudio de IBM el costo promedio de una violación de datos alcanzó los u$s 4,35 millones en 2023.
Sectores como la salud, la banca y el gobierno requieren mayores garantías sobre el control de sus datos y, más importante aún, una infraestructura que les permita adaptar las políticas de seguridad a sus necesidades específicas.
Ante este panorama, un número creciente de organizaciones está migrando a nubes privadas como medida para blindar su información crítica y garantizar la continuidad operativa.
A diferencia de una nube pública, donde los recursos son compartidos, una nube privada permite a las empresas crear una infraestructura propia con mayor control sobre el acceso a sus datos.
Esto incluye la capacidad de personalizar políticas de seguridad, reduciendo significativamente el riesgo de accesos no autorizados y garantizando que solo el personal pueda interactuar con la información sensible.
Las organizaciones prefieren la nube privada porque ofrece un monitoreo más riguroso y adaptado a sus necesidades.
Al implementar sistemas de autenticación avanzada y gestionar permisos detallados, aseguran que cada usuario acceda solo a lo que es necesario, fortaleciendo así la protección de sus activos más críticos.
En Latinoamérica, la nube pública es la opción más extendida porque ofrece una mayor accesibilidad para empresas de todos los tamaños y sectores.
En otras palabras, resulta mucho más versátil económicamente. Sin embargo, las grandes organizaciones manejan datos sensibles, que requieren un incremento del control sobre su infraestructura.
Este escenario podría cambiar para la región en un futuro cercano. De acuerdo con IDC, se proyecta que para 2026 las inversiones en nube pública disminuirán al 29%, mientras que en nube híbrida crecerán hasta el 28,8%.
Hoy las organizaciones envían un mensaje claro y es que la seguridad es una prioridad estratégica.
Esta determinación no es solo una respuesta a las amenazas cibernéticas crecientes, sino una necesidad impulsada por el entorno regulatorio, las expectativas de los clientes y la competitividad del mercado global.
En sectores donde la protección de datos y la continuidad operativa son esenciales, la nube privada ha pasado de ser una opción a ser una inversión inevitable. Las empresas están comprendiendo que el costo de no adoptar medidas de ciberseguridad robustas puede superar con creces la capitalización inicial.
En América Latina, cada vez más organizaciones se alinean con las tendencias globales que priorizan la seguridad de los datos y las organizaciones que invierten en la nube privada, en última instancia, proyectan su preparación para el futuro.
Están marcando una diferenciación por las medidas que están dispuestas a tomar para protegerse.
