La profunda digitalización de los servicios financieros en Argentina ha transformado los hábitos de consumo, pero también ha exacerbado las vulnerabilidades. Con una penetración de teléfonos inteligentes del 94% y 64,7 millones de líneas móviles activas (141% de la población), el 90% de los argentinos se conecta a Internet, consolidando al celular como el eje de las operaciones bancarias y comerciales.
Durante 2025, los pagos electrónicos promediaron 30 operaciones mensuales por adulto, un crecimiento interanual del 10,7%, según el Informe de Inclusión Financiera del segundo semestre de 2025 del Banco Central (BCRA).
Sin embargo, este avance tecnológico ha dejado al descubierto una brecha de seguridad significativa. La verificación de identidad tradicional, realizada en un único punto, resulta obsoleta frente a esquemas delictivos automatizados. De acuerdo con el Informe sobre la percepción de la seguridad digital de CertiSur, el 43% de los argentinos afirmó haber sufrido un ataque informático o fraude digital entre 2025 y la primera mitad de 2026, un alza considerable frente al 33% de períodos anteriores.
El phishing masivo asistido por IA en plataformas como WhatsApp y Telegram, la manipulación de documentos de identidad y la creación de identidades sintéticas son solo algunas de las amenazas que desafían a bancos y fintechs.
“En Argentina, el principal reto consiste en mantener la confianza durante toda la relación con el cliente. Los usuarios aceptan de buen grado los procesos de validación siempre que sean sencillos, rápidos y transparentes. Por otra parte, el aumento de los casos de fraude y de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial hace necesario pasar de un único chequeo en la incorporación a una verificación de identidad continua durante todo el ciclo de vida”, enfatiza Néstor Markowicz, CEO de CertiSur.
El imperativo regulatorio y la fricción necesaria
El marco normativo argentino se encuentra en plena actualización. Las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), junto con la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y la Ley 27.739, exigen mayores controles antilavado (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Para las entidades financieras y pymes, el abandono de usuarios durante el proceso de alta representa un costo directo. Si bien la acumulación de pasos manuales genera fricción, buscar la “fricción cero” es un error estratégico. “Uno de los errores más frecuentes que cometen las empresas locales es dar por sentado que la identidad solo tiene que validarse una vez durante la incorporación. El verdadero riesgo operativo comienza, realmente, justo después de abrir la cuenta: las credenciales cambian, surgen nuevos vectores de amenaza y los patrones de fraude evolucionan de forma dinámica. La confianza debe gestionarse de forma activa a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, no solo el primer día”, aclara Markowicz.
La solución radica en implementar modelos basados en riesgo. Los usuarios de bajo riesgo pueden validarse en segundos contrastando datos oficiales, mientras que las operaciones con señales de anomalía activan automáticamente controles más estrictos, como la biometría. La integración de estas herramientas en una plataforma unificada permite detectar cuentas mula y suplantaciones antes de que se materialicen los movimientos ilícitos de fondos.
