La competencia desleal le cuesta caro al país. El comercio ilícito ya representa el 5,06% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, según un estudio elaborado por Insight·LAC. La brecha de precios es el motor de este fenómeno: en electrónica y celulares de alta gama, la diferencia con el mercado formal alcanza entre el 30% y el 40%, mientras que en indumentaria los productos informales son entre 2,5 y 4,5 veces más baratos.
El informe Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce advierte que las asimetrías tributarias y las barreras regulatorias empujan a muchos comerciantes a la informalidad. Frente a esto, la consultora propone una estrategia de dos frentes: controles más inteligentes y simplificación de trámites.
La tecnología como aliada
El estudio sugiere integrar los datos de ARCA, Aduana y otros organismos técnicos para detectar operaciones de riesgo mediante el análisis de información. Al mismo tiempo, recomienda reducir la burocracia para facilitar el cumplimiento a los pequeños vendedores.
“Simplificar el sistema impositivo no significa retirar al Estado. La respuesta pasa por fortalecer la inteligencia aduanera, integrar información pública bajo protocolos de seguridad y evaluar las regulaciones que generan costos innecesarios”, señaló Ana Basco, directora de Insight·LAC.
Paradójicamente, la expansión del comercio electrónico representa una oportunidad para formalizar la economía. En 2025, el canal digital registró un crecimiento real del 9% y el 99% de los pagos se realizó mediante medios distintos del efectivo, generando un rastro de datos que facilita la fiscalización.
Impacto en las PyMEs
La digitalización no solo amplía mercados, sino que impulsa el empleo local. Según el estudio, el 44% de las empresas que venden por marketplaces incorporó o reasignó personal durante 2025, y el canal representa casi la mitad de la facturación de las PyMEs del interior del país.
“El desafío es construir una agenda de formalización que permita aprovechar el potencial del comercio electrónico. Es fundamental diseñar políticas públicas que reduzcan los incentivos a operar fuera de la legalidad”, afirmó Paula Garnero, directora de Insight·LAC.
Para avanzar, la consultora propone un modelo de fiscalización basado en la interoperabilidad de datos entre organismos públicos y el análisis de riesgo, que permita concentrar los controles donde sean más efectivos.
