La conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales marca un punto de inflexión para el ecosistema empresarial en Chile.
La actualización de la Ley 19.628, cuyas obligaciones serán fiscalizables a partir de diciembre de 2026, introduce cambios estructurales en la transformación digital de las organizaciones.
Desde la multinacional IFX, con presencia en 18 países y una red de 130 mil kilómetros de fibra óptica, advierten que el impacto será transversal pero no homogéneo.
Sectores como hotelería, seguros y servicios financieros no bancarios deberán realizar ajustes significativos para cumplir con las nuevas exigencias.
“Las empresas que trabajamos directamente con datos estamos acostumbradas a operar bajo exigencias estrictas. El mayor ajuste viene para sectores que manejan información personal, pero que hasta ahora no enfrentaban un nivel tan alto de regulación”, explica Carlos Giraldo, country manager de IFX Chile.
Responsabilidad de la alta dirección
Un cambio crítico en la normativa es el aumento de la responsabilidad para directores y gerencias.
El incumplimiento ya no recae solo en la persona jurídica, lo que obliga a integrar la seguridad informática como un eje estratégico del negocio.
El experto subraya que contar con servicios de nube o centros de datos no asegura el cumplimiento por sí solo.
La exposición de información puede ocurrir en dispositivos móviles, correos electrónicos o accesos mal gestionados por el personal.
“La exposición de datos no ocurre únicamente en los servidores. Un teléfono extraviado o un archivo compartido sin controles pueden constituir vulneraciones a la ley”, señala el ejecutivo respecto a la continuidad operativa.
Cultura organizacional y riesgos
La normativa no distingue entre grandes corporaciones y pymes. En este escenario, la capacitación y la cultura interna son fundamentales, dado que el factor humano es habitualmente el punto de entrada de las amenazas.
“En ciberseguridad siempre se ha dicho que el eslabón más débil es el usuario final. La Ley viene a reforzar esa idea, obligando a las empresas a revisar cómo operan en el día a día”, puntualiza el directivo sobre la madurez tecnológica.
La entrada en vigor de la ley representa una oportunidad para fortalecer la confianza digital y ordenar los procesos internos. A
quellas organizaciones que logren alinear su infraestructura digital con los estándares internacionales obtendrán una ventaja competitiva en el mercado chileno.
