La publicación de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad generó una fuerte resistencia en el sector tecnológico. Las entidades representativas de la industria TIC expresaron su preocupación por el impacto que la normativa podría tener en los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Aunque el sector comparte el objetivo de fortalecer la seguridad de las redes, alerta sobre un punto crítico: las nuevas exigencias quedarían condicionadas a un único esquema privado de certificación. Se trata de la norma SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), que evalúa procesos de gestión, pero no certifica por sí misma la seguridad técnica de los equipos.
Según argumentan desde la industria, la protección efectiva requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos.
Pedido de consulta pública
Ante este escenario, las entidades solicitaron formalmente al ENACOM y a las autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con las nuevas obligaciones.
El objetivo es asegurar criterios técnicos objetivos, neutralidad tecnológica y condiciones razonables de implementación, con la participación activa de los operadores responsables de la gestión de las redes.
Para el sector, fortalecer la ciberseguridad y promover el desarrollo de la conectividad deben ser objetivos complementarios para no afectar la competitividad digital de la Argentina.
